Quienes impulsan el referendo sólo buscan que aborte la reforma: la IP

El sector privado del país se sumó a las críticas contra la propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para someter a consulta la reforma energética, al considerar que ese mecanismo es una táctica para retrasar o incluso abortar los cambios que requiere Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo, señaló que la iniciativa privada considera que en el Distrito Federal sólo habita 8 por ciento de la población nacional y, por tanto, no se justifica la realización de una consulta ciudadana sobre la reforma energética.

Agregó que los legisladores deben “agarrar el toro por los cuernos” y hacer caso omiso de la posibilidad de que grupos inconformes con la reforma petrolera vuelvan a tomar las tribunas del Congreso de la Unión.

“Vamos a seguir viendo ese tipo de cuestiones. Primero es el debate, y si éste termina para que se haga la reforma, van a volver a tomar el Congreso. Si se aprueba una reforma, no van a reconocerla. Son, otra vez, tácticas para seguir entorpeciendo este proceso, para tratar que aborte”, dijo.

Es lamentable, agregó, que el debate se haya politizado a pesar de que la propuesta presidencial, que se discute en el Senado, no es la deseable. Consideró que para una reforma profunda habría que discutir una modificación al artículo 27 constitucional.

Lo lamentable, afirmó, es la politización que se ha dado al debate cuando se requiere de una reforma que solucione el problema del sector energético y aprovechar de la mejor manera la renta petrolera.

Indicó que los participantes en los debates del Senado han dejado planteamientos valiosos que deben retomarse para mejorar la situación del sector energético y utilizar los recursos para impulsar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de la población. De lo que se trata, puntualizó, es de no colocar más obstáculos al proceso de reforma, porque hay quienes quieren tomar este debate como bandera política y que se aborte la reforma, acusó Paredes Arroyo.

Al preguntarle sobre las declaraciones de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, de que el gobierno federal no tiene un “plan B” en caso de que no avance la propuesta oficial, el presidente del CCE planteó que no debería haber “ni siquiera un plan C”, porque los legisladores deben reconocer el reto de dar respuesta a la crisis del sector energético. La Jornada